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Eduardo Bonomi, en Parlamento

El Código Procesal Penal otorga garantías del sistema El Guardián y los datos de interceptaciones los solicita la Suprema Corte de Justicia

Publicado: 17.07.2019 11:33h.

“Hay senadores que ponen en duda el funcionamiento del sistema El Guardián que es un instrumento del Estado y que se protege con controles. Las garantías están dadas en el Código del Proceso Penal y es la Suprema Corte de Justicia quien debe solicitar a las telefónicas los datos de interceptaciones”, dijo Eduardo Bonomi. Agregó que nunca hubo problemas y que el viernes 19 estarán los datos desde mayo de 2016 a la fecha.
Eduardo Bonomi
Pie de foto: Eduardo Bonomi

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, compareció este martes 16 ante la Comisión de Convivencia y Seguridad de la Cámara de Senadores para analizar el uso y reporte de las interceptaciones que realiza el sistema "El Guardián".

“En 2015 establecimos que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tenía que designar a una persona para recibir la información por parte del Ministerio del Interior, y acordar la forma en que se iba a recibir esa información. En 2017 se designó a esa persona, pero no se estableció el acuerdo.”, expresó Bonomi en conferencia de prensa.

En ese sentido señaló que había un artículo en el memorándum de funcionamiento que establecía que el Ministerio del Interior debía instrumentar un acuerdo con las empresas telefónicas, la Suprema Corte y Fiscalía General de la Nación. “En la reunión del lunes 15 con el ministro de la SCJ, Jorge Chediak, llegamos a la conclusión de que ese artículo estaba mal redactado por dos razones; una formal y una de contenido”, dijo.

“Las garantías del control están dadas en el Código del Proceso Penal y en el respeto y cumplimiento del mismo. Considerar que un memorándum de entendimiento, que pedía varios acuerdos posteriores, es la garantía es un error de quien lo plantea y confunde a la población”, insinuó el jerarca de gobierno.

Notificó que en ningún momento hubo problemas y que este miércoles 17 se reúnen las personas designadas por la SCJ e Interior para acordar respecto a las solicitudes. Explicó que, antes del fin de semana, tendrán todos los datos desde mayo de 2016 a julio de 2019.

En la oportunidad ratificó que la entidad encargada de controlar no es el Ministerio del Interior, sino la SCJ, por lo tanto, es la que debía establecer un acuerdo con las telefónicas.

“Las telefónicas no responden a un pedido del Ministerio de que den la información sobre las interceptaciones. Quien tiene posibilidades de hacer eso es la SCJ. Quedamos para una reunión el jueves 25 de julio para establecer claramente los puntos y ver qué sucede ante un pedido de la SCJ”, remarcó. Indicó que, si no se llega a un acuerdo, se valora la posibilidad de hacer un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de proporcionar los datos.

“Los datos que proporcione el Ministerio del Interior no alcanzan. Podemos dar una cifra, y la SCJ no puede establecer que sea correcta. Tienen que cruzarla con otros que son los que da las telefónicas. Para que el control sea efectivo, se necesitan todos los datos”, sostuvo Bonomi.

Informó que se solicitó a la Comisión de Senado que implemente un proyecto de ley que establezca la auditoría obligatoria y periódica al Ministerio del Interior para controlar esa situación.

“Lo que nos preocupa de la reunión con los Senadores fue lo que pasó antes, porque cuando se planteaba este tema en la prensa, en lugar de señalar el problema que había tanto en la SCJ como en el Ministerio del Interior de no instrumentar rápidamente el acuerdo, se ponía en duda un instrumento que es del Estado y no del Gobierno, ni de un partido político”, advirtió Eduardo Bonomi, quien precisó que no es un problema de entendimiento, sino de marco jurídico.

“Nosotros tuvimos una auditoría cuando yo me denuncié a mí mismo, porque el diputado Germán Cardozo dijo que lo estamos escuchando. Yo dije: 'Bueno, lo estamos escuchando, tráiganlo como testigo`, por lo que pedimos a la Auditoría Interna de la Nación esa auditoría. Cuando fue el pedido la telefónica, dijeron que no daban los datos. Entonces lo pidió un juez, y así se hizo, con exclusividad de lo solicitado por el juez. Ya hubo un control que pedimos nosotros”, recordó.

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