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Proyecto de ley

Diálogo Nacional sobre Seguridad Social propuso compatibilidad entre trabajo y jubilación

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El Ejecutivo estudia enviar al Parlamento un proyecto de ley, a propuesta del Diálogo Nacional sobre Seguridad Social, para que jubilados calificados se reintegren al mercado laboral. El objetivo es cubrir carencias de mano de obra y transmitir conocimientos a trabajadores jóvenes. El director de Seguridad Social informó a la Secretaría de Comunicación que se tomó como modelo el aplicado en el sector construcción.
El Diálogo Nacional sobre Seguridad Social tuvo una nueva instancia, esta vez en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República. En esta etapa apunta a los aspectos que durante su primera realización (años 2007 y 2008) fueron relegados. En la jornada del miércoles 9 de mayo, se abrió la segunda reunión de la segunda mesa temática referida a Administradoras de Fondos Provisionales y Aseguradoras.

En la primera mesa se discutió sobre las jubilaciones y pensiones por el régimen de solidaridad intergeneracional. Asimismo restan otras tres mesas de debate dirigidas a: prestaciones de actividad, institucionalidad y gestión de la seguridad social y trabajador autónomo.

Más de 70 organizaciones fueron invitadas a participar de estos encuentros, entre los que se destacan los tres sectores sociales: empleadores, empleados y jubilados, los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria, todos los sectores del gobierno, cajas paraestatales, así como caja policial y militar y otras entidades relacionadas con la seguridad social como el Banco de Seguros del Estado.

Propuestas al Parlamento
En diálogo con la Secretaría de Comunicación, el director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo (MTSS), Roberto Baz, explicó que en el transcurso de este proceso de debate se le suele acercar al Poder Legislativo una serie de propuestas o sugerencias que pueden implicar modificaciones legales o elaboración de nuevas leyes.

En este sentido, dijo que se elaboró un proyecto de ley que está para la firma del Presidente de la República que refiere a la compatibilidad entre trabajo y jubilación en determinadas condiciones. El objetivo es que jubilados que fueron trabajadores calificados, se reintegren al mercado laboral con dos finalidades, una cubrir la carencia de mano de obra que las cámaras empresariales reclaman, y otra, transmitir sus conocimientos a trabajadores más jóvenes.

El modelo que se tomó originalmente es el aplicado en el sector construcción, con algunas variantes, pero lo sustancial refiere a que “unido a ese jubilado la empresa está obligada a tomar un trabajador joven, de hasta 29 años,que esté inscripto y cursando alguna capacitación tanto sea en UTU, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), entre otros”.

Baz dijo que no se limitará los rubros. Lo que se pretende con el proyecto es que todo aquel sector de actividad que sienta que tiene carencias o ausencias de mano de obra calificada recurra a esta Ley. Luego el Poder Ejecutivo estudiará —porque necesita su autorización— cuáles sí y cuáles no.

“Este tipo de encuentros tiene varias ventajas, por ejemplo el de escuchar ideas que de repente atrás de un escritorio no siempre surgen. Acá tenemos in situ a todos los que día a día construyen las actividades económicas, por lo tanto son las voces autorizadas”, explicó.

Asimismo sostuvo que al haber un consenso tan amplio, el trámite parlamentario se vuelve un mero trámite sin discusión, porque ya viene con la discusión y el consenso del Diálogo. Lo que se procura es “el consenso o la autorización para que esto sea una política de Estado”. Un ejemplo de esta modalidad que se concretó fue la aprobación de la Ley de Flexibilización de Acceso a las Jubilaciones en 2008.

Informalidad del trabajador autónomo
Baz explicó que se le da particular importancia a lo que será analizado en la última mesa sobre trabajadores autónomos, ya que existe un importante nicho de personas en la informalidad. La cifra alcanzaría los 40 mil trabajadores, se estima que sobre todo se trata de personas vinculadas a la venta ambulante y artesanías, dijo. 

En el país hay casi 1.500.000 de trabajadores formalizados, de los cuales 500 mil fueron formalizados desde 2005 a la fecha. Gran parte de esta cifra eran trabajadores informales, “pese a que no hay forma de confirmarlo”, puntualizó.

El jerarca aclaró que se trata de estimaciones. Ahora se cuenta con instrumentos que podrán corroborar estos datos o desmentirlos, uno de ellos es el Censo de Protección Social que se comenzará a realizar con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Actualmente las herramientas jurídicas existentes no son las adecuadas si se los quiere incluir en el sistema. Ellas son: la empresa unipersonal, cuyo aporte ronda los 3000 pesos mensuales, lo que hace inviable que este tipo de trabajadores acceda a la seguridad social, y el monotributo que es un elemento de inclusión parcial, fundamentó.

La búsqueda irá dirigida a construir elementos legales que permitan contemplar los dos aspectos, la plena inclusión del trabajador con todos los derechos, a un costo que sea razonable para las condiciones de trabajo de esa persona.



 
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