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Sentencia de la CIDDHH

Presidente José Mujica reconoció la responsabilidad del Estado uruguayo en el caso Gelman

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En un acto público en la sala de la Asamblea General del Parlamento, el Presidente de la República, como jefe de Estado y de Gobierno, dio cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH. y reconoció la responsabilidad institucional del Estado uruguayo en los hechos de violación de los derechos humanos de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, su hija María Macarena Gelman Iruretagoyena, y de Juan Gelman.
En el acto estuvieron presentes, además, el vicepresidente de la República, Danilo Astori; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Gutierrez, Macarena y Juan Gelman. 

De esta manera, se dio cumplimiento al punto número 12 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de febrero de 2011 en el caso "Gelman vs. Uruguay", que dispuso la realización del acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado uruguayo. En ese sentido, el Presidente José Mujica expresó que de acuerdo al fallo de la CIDDHH, el Estado debía realizar en el plazo de un año un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. 

“Así comparezco entonces ante ustedes, en representación del Estado uruguayo en mi carácter de Presidente de la República, jefe de Estado y jefe de Gobierno de la República Oriental del Uruguay y mando superior de las Fuerzas Armadas de este país”, manifestó y agregó que la presencia de ministros, integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial intenta reflejar la manifestación más global posible del Estado uruguayo. 

Mujica explicó que de acuerdo a la sentencia de la CIDDHH quitaron los obstáculos jurídicos que impedían la investigación y se adoptaron las medidas necesarias para impulsarla, lo cual no cesará hasta la ubicación definitiva de María Claudia García y la individualización de los responsables de los hechos. 

En ese sentido, informó que también se afectó el local donde funcionó el Servicio de Información de Defensa y que es sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que dando cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia se colocó una placa en memoria de María Claudia García y otras víctimas y sobrevivientes que permanecieron, fueron interrogados o desaparecidos en ese centro clandestino de detención. 

Sobre estas bases jurídicas y éticas, enfatizó que el Estado reconoce su responsabilidad por los hechos del presente caso y reconoce que en el pasado se cometieron en el país acciones violatorias de los DDHH al amparo de la doctrina de la seguridad nacional se implementó una política sistemática de represión a las organizaciones sociales, sindicales y políticas, así como la persecución de sus integrantes y control de la sociedad civil. 
 
Mujica reconoció que bajo esa doctrina, el Estado integró el Plan Condor, en coordinación con Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay para desplegar la persecución por razones ideológicas a los habitantes de esos países, procediendo a la detención y traslado clandestino, o decidir el asesinato y desaparición de los detenidos. 

En nombre de la República Oriental del Uruguay como entidad colectiva y en el marco de los principios de continuidad y sucesión del Estado, independientemente del ámbito temporal y material en el que sucedieron los hechos, el Estado uruguayo reconoce la responsabilidad institucional por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman por lo cual violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica a la vida, la integridad personal y la libertad. 

Asimismo, el Estado es responsable de la supresión y sustitución de la identidad de María Macarena Gelman García Iruretagoyena, desde su nacimiento hasta que se determinó su verdadera identidad, y expresada como una forma de desaparición forzada por lo cual violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica a la vida, la integridad personal, la libertad, la familia, al nombre, a los derechos de los niños y niñas, a la nacionalidad y por haber puesto en riesgo su supervivencia y desarrollo afectando su proyecto de vida. 

También el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y protección a la familia en perjuicio de Juan Gelman, como consecuencia de los sufrimientos ocasionados por estos hechos y su búsqueda de justicia.  

El Estado reconoce su responsabilidad por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial por la falta de investigación efectiva de los hechos del caso y el juzgamiento y sanción de los responsables en perjuicio de Juan y Macarena Gelman, como consecuencia de la interpretación y aplicación que el Estado dio a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado respecto de graves violaciones a los Derechos Humanos.  

“Con este fin el Estado ha dado y seguirá dando pasos firmes a efectos de reparar el daño”, puntualizó. 
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