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Protección del hábitat

Ley de Ordenamiento Territorial es una normativa moderna que prioriza el ambiente y la descentralización

Publicado: 15.11.2018

La legislación mejoró la gestión, otorgó competencias a las intendencias, priorizó aspectos ambientales e incluyó el concepto de patrimonio cultural, destacó el director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, en el encuentro “10 años de la Ley, nuevos desafíos”, celebración que contó con las reflexiones de 15 autoridades nacionales y departamentales.
José Freitas y Salvador Schelotto
Pie de foto: José Freitas y Salvador Schelotto

En la actividad desarrollada en el Hotel del Prado, en Montevideo, participaron el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, el director nacional de Ordenamiento Territorial, José Freitas, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, y el edil por Montevideo Mariano Arana.

La ley de ordenamiento territorial tuvo un gran impacto en el fortalecimiento y la mejora de gestión de los gobiernos departamentales, destacó Salvador Schelotto a la prensa. “En primer lugar, es una ley de ordenamiento territorial, pero también lo es de descentralización, porque le da una cantidad de herramientas y competencias a las intendencias para mejor administrar sus territorios y tomar decisiones”, añadió.

El director nacional de Vivienda señaló que, además, es una ley ambiental moderna, porque prevé mecanismos y estudios como condición necesaria para el desarrollo de los proyectos en el territorio. También incluye el concepto de patrimonio material e inmaterial, natural y cultural.

Como uno de los desafíos a futuro, Schelotto mencionó la integración de las políticas de viviendas con el desarrollo urbano, “algo que hemos trabajado muchísimo en este período, pero que, en un próximo período, va a requerir un trabajo mucho más intenso y con más recursos”,  precisó.

Para el director nacional de Ordenamiento Territorial, José Freitas, la ley permitió un cambio trascendental en la política pública, porque definió el ordenamiento territorial como una tarea esencial del Estado y delineó los cambios necesarios para avanzar en la mejora de la calidad de vida, el hábitat de las personas y atender las problemáticas ambientales.

Entre las metas, enumeró apostar a nueva generación de planes más profundos, con políticas, leyes, decretos y acuerdos internacionales, aumentar las herramientas de control, incrementar la coordinación entre la planificación urbana y las políticas de vivienda nacional y departamental, y avanzar en la planificación regional de las cuencas hidrográficas para articular el desarrollo productivo con la protección ambiental y las políticas departamentales.

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