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Ministro Jorge Basso recordó que previo a 2005 el Fondo Nacional de Recursos corrió riesgo de desaparecer

Publicado: 12.12.2019 12:50h.

El Fondo Nacional de Recursos funciona en Uruguay desde 1980, pero a partir de 2005 comenzó un proceso ascendente de cobertura a la población. Incluso, previo a esa fecha, se llegó a poner en duda su viabilidad. A partir de 2006, además de los procedimientos se comenzó a financiar medicamentos de alto precio. El ministro Jorge Basso dijo que negociar junto con la región, permitió comprar más fármacos con igual dinero.
Jorge Basso, Lucía Delgado, Hugo Rodríguez y Nilza Salvo
Pie de foto: Jorge Basso, Lucía Delgado, Hugo Rodríguez y Nilza Salvo

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, realizó estos comentarios el jueves 12, en Torre Ejecutiva, en el marco de la mesa de diálogo sobre la judicialización de procedimientos de diagnóstico y terapéuticos a brindar por el Fondo Nacional de Recursos (FNR), convocada por el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez.

Basso recordó que el FNR comenzó sus actividades desde 1980 y funciona como un reaseguro de los prestadores integrales de salud para procedimientos de alto precio que, si fueran pagados con sus propios recursos, no podrían hacerlo. En estos años se fue dando un proceso progresivo de incorporación de prestaciones, agregó.

Los primeros años fueron solamente procedimientos. Luego atravesó por un período complejo desde lo económico-financiero, que puso en duda su continuidad. De 2005 en adelante la situación comenzó a mejorar hasta que, en 2006, además de las prestaciones de procedimientos, se incorporó por primera vez el financiamiento de los medicamentos de alto precio.  Así el FNR incorporó los IMAE (Institutos de Medicina Altamente Especializada) que se encargan de los procedimientos y recientemente se sumaron las figuras de los Centros de Referencia en prestadores integrales de salud idóneos en la atención de patologías de baja prevalencia.

La cantidad de procedimientos creció en el último quinquenio. Esta herramienta, que el presidente Vázquez definió como “solidaria”, respaldó a los pacientes que, por ejemplo, requerían procedimientos vinculados a la aorta. Recientemente se sumaron las bombas de insulina (incluidos insumos y controles), el implante coclear (procedimiento quirúrgico y rehabilitación), los cardiodesfibriladores (en prevención primaria) y el trasplante renal pediátrico (como programa). Por otra parte, aseguró que “n estos años, las brechas que existían tradicionalmente en el acceso a la población de algunos departamentos, sobre todo al norte del Río Negro, se fueron revirtiendo”.

En cuanto a los medicamentos de alto precio, informó que de 2015 a la fecha se incorporó un número importante de nuevos fármacos para nuevas enfermedades y se dio una ampliación de la cobertura financiera por ejemplo en los tratamientos de la hepatitis C. Recordó que, gracias al Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se lograron precios más accesibles a nivel de los países del Mercosur, mediante compras conjuntas.

Entre la cobertura recordó los medicamentos para algunas patologías crónicas, algunas inmunosupresoras, los tratamientos oncológicos para atender el cáncer de mamas, así como el tratamiento del VIH-Sida. Últimamente se incorporaron nueve medicamentos que se suman a los 24 anteriores. “Durante todo este período hubo un fuerte aumento de las prestaciones y de los medicamentos. Con los mismos recursos, en base a la negociación, se logró incorporar nuevas prestaciones, extendiéndose el acceso a distintos puntos del territorio”, repasó.

Basso dijo que existen tres categorías en torno a las prestaciones: las que están incluidas, las que no tienen evidencia alguna para incluirlas y sobre las que hay permanentes demandas al Estado, y las que de alguna forma deben ser evaluadas en cuanto a la evidencia, costo-efectividad y alternativas de valor agregado, priorizando a nivel epidemiológico.

“Tenemos el desafío de la incorporación progresiva, fruto de las negociaciones y de consolidar la evidencia”, insistió. “Ningún país, por rico que sea, tiene la capacidad de proveer a toda la población todas las tecnologías o intervenciones que podrían mejorar la salud o prolongar la vida. Eso es así, es una realidad que tiene su componente de frustración y dramático pero que debe asumirse”, sostuvo Basso. En este sentido dijo que, se debe priorizar, aspecto en el que se trabajó con la Academia y con los movimientos de usuarios por enfermedad.

El jerarca informó que los gastos en materia de medicamentos de alto precio superan los gastos que históricamente eran los mayores en el ministerio, es decir los vinculados a vacunas. Hoy se invierte casi tres veces más en medicamentos de alto precio que en vacunas.

En este contexto, se refirió a lo que fue el crecimiento sustantivo de las demandas al Estado en torno al tema. Dijo que los Servicios Jurídicos del MSP registraron en 2016 unas 100 demandas, en 2017 unas 250, en 2018 unas 330 y en lo que va de 2019 unas 550 demanda.  “Si bien la mayoría de las demandas contra el FNR son desestimadas en primera o segunda instancia, el gasto en condenas se incrementó”, aseguró Basso. El dinero con el que se pagan los amparos proviene del prepago del Fonasa.

Con una mirada más macro y en alusión a lo que es la cobertura universal de la salud en Uruguay, recordó que el 72 % de la población está vinculada al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), mientras que el resto accede a las mismas prestaciones a través de Rentas Generales. El gasto público que el país destina a salud, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, asciende a más del 6 %. En paralelo, durante este período hubo una fuerte disminución del gasto privado, fruto de transferencias de Rentas Generales para solventar los gastos del Fonasa. Esto va en línea con una clara disminución del gasto de bolsillo de las personas.

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