República Oriental del Uruguay

Previo a la puesta en práctica del nuevo Código Procesal Penal, existió la necesidad de que se hiciera un seguimiento al nuevo sistema acusatorio que entró en vigencia el 1.° de noviembre de 2017 a través de la ley n.º 19436. En tal sentido, el Poder Ejecutivo considera conveniente hacer ajustes que permitan una mejor coordinación y trabajo conjunto entre policías, fiscales y tribunales.

Los primeros cinco artículos del nuevo proyecto proponen dotar a la Policía de una mayor flexibilidad a la hora de trabajar y asegurarle respaldo legal que permita hacerlo de manera más eficiente. Dicha función no puede implicar la carencia de cierto grado de autonomía a la hora de proceder a cumplir con ciertas competencias, enuncia el mensaje del proyecto de ley.

El texto busca modificar los requisitos para disponer la prisión preventiva, propone excluirla para casos de reincidencia, reiteración o habitualidad y armoniza el criterio de la preceptividad para la prisión preventiva en caso de pena de penitenciaría. Además, propone una serie de modificaciones al Proceso Abreviado y apunta a la tipificación legal del delito en sí mismo y no a la tipificación del Ministerio Público.

Por otro lado, se excluye de este proceso la aplicación de la libertad anticipada y las libertades vigiladas. En el marco del Proceso Abreviado, propone un criterio mínimo para la determinación de penas de delitos que atentan contra la vida y la integridad sexual y elimina el título de Suspensión Condicional de la Pena, entre otras modificaciones.

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