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Ley 19.577

Colonización podrá competir con privados en igualdad de condiciones en compra de campos productivos

Publicado: 12.01.2018

A partir de la modificación de la ley que estableció la obligación a quien ponga en venta tierras de ofrecerlas primero al Instituto Nacional de Colonización, este organismo podrá adquirir campos con índice de productividad Coneat 100 de 200 o más hectáreas en Colonia, Florida, Maldonado y San José, y de 100 hectáreas o más en Canelones. “Es una oportunidad para mejorar la demanda”, destacó su presidenta Jaqueline Gómez.
Tierras para trabajar
Pie de foto: Tierras para trabajar

El Poder Legislativo aprobó en diciembre la Ley 19.577, que modificó el artículo 35 de la norma 11.029, por el cual se dispone la obligación para los vendedores de ofrecer las tierras al Instituto Nacional de Colonización (INC) previo a cualquier transacción con privados.

La normativa abarca a los campos ubicados en los departamentos de Colonia, Florida, Maldonado y San José, y aquellos de cualquier parte de Uruguay que estén linderos a las tierras afectadas a la Ley 11.029, cuya superficie sea igual o superior a las 200 hectáreas y tenga certificación Coneat 100 (índice que determina la capacidad productiva de la tierra).

En Canelones, el INC podrá acceder a campos con un área igual o superior a las 100 hectáreas y Coneat 100.

Gómez recordó que la Ley 11.029, que dio lugar a la creación de este organismo en 1948, establecía la adquisición de campos a partir de las 1.000 hectáreas y la modificación legal implementada en 2007 la redujo a 500.

Con la modificación aprobada en diciembre, el operador privado que ponga en venta tierras “está obligado a presentarlas primero al INC y éste puede hacer opción de compra en igual precio y plazo de pago”, explicó.

La titular del INC añadió que ese cambio responde a una reivindicación histórica de organizaciones sociales vinculadas a la producción familiar, como la Comisión Nacional de Fomento Rural, las Mesas de Desarrollo Rural y la Reunión Especializada de Agricultura  Familiar.

Los departamentos abarcados por la ley, muchos de los cuales componen la cuenca lechera del sur uruguayo, se caracterizan por contar con sistemas de producción más intensivos y campos de menor tamaño, “y eso inhabilitaba al instituto a acceder con mayor facilidad a predios de más de 500 hectáreas”, indicó.

Para Gómez, esa reforma implica una oportunidad para “intervenir y mejorar la respuesta a la alta demanda en esos departamentos, donde hay una concentración importante de productores familiares vinculados a la granja y la lechería”.

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