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Eliminación del hacinamiento

Uruguay contará con 12.000 plazas penitenciarias en 2018 para menos de 11.000 personas privadas de libertad

Publicado: 14.11.2017

En siete años, el Ministerio del Interior creó 6.500 plazas penitenciarias, a las que se agregarán desde enero otras 2.000 en la unidad de Punta de Rieles, que se construyen por medio de la participación pública-privada con una inversión de 90 millones de dólares. “Uruguay contará así con 12.000 lugares para casi 11.000 internos, con lo cual no tendremos más hacinamiento”, destacó el titular de la cartera, Eduardo Bonomi.
Bonomi, en seminario “Gestión de la privación de la libertad en asociación público-privada. Oportunidades y desafíos”
Pie de foto: Bonomi, en seminario “Gestión de la privación de la libertad en asociación público-privada. Oportunidades y desafíos”

El sistema penitenciario contará, desde enero, con 2.000 plazas penitenciaras más construidas a través del primer contrato de participación público-privada en Uruguay, con una inversión de 90 millones de dólares a pagar en 27 años luego de que empiece a funcionar. La unidad estará ubicada en el barrio Punta de Rieles y se dividirá en 18 módulos.

“Desde que ingresamos al Ministerio del Interior (2010) creamos 6.500 plazas, 3.000 de ellas sustituyeron a deterioradas y el resto fueron nuevas”, detalló Bonomi.

“A esa cantidad se agregan desde enero próximo otras 2.000 plazas que dispondrá la unidad penitenciaria de Punta de Rieles”, subrayó Bonomi en el seminario “Gestión de la privación de la libertad en asociación público-privada. Oportunidades y desafíos”.

El ministro del Interior resaltó: “Uruguay contará con 12.000 plazas penitenciarias para poco menos de 11.000 personas privadas de libertad, por lo que no tendremos más hacinamiento, algo que aún hoy porque están mal distribuidos los presos”.

En el marco de esta actividad realizada este martes 14 en la sede del Centro de Cooperación Española, Bonomi explicó que la cartera a su cargo eligió la herramienta de participación público-privada al inició del gobierno de Tabaré Vázquez, en 2005, no por las virtudes del funcionamiento, sino por la urgencia, pues había 3.500 plazas menos que la cantidad de internos.

En ese sentido, detalló que el Estado debe asegurar la rehabilitación, seguridad y medicina a las personas recluidas. También destacó que contarán con espacios para talleres de trabajo, salas educativas, canchas deportivas y visitas periódicas. “La celda será un lugar para ir a dormir, no para comer, dormir y estar”, especificó.

Por su parte, el actor privado concretará la construcción con las pautas que estableció el Ministerio del Interior, por ejemplo, respecto a la calidad de la materia prima. También deberá encargarse del mantenimiento edilicio.
 
“La unidad va a funcionar porque existen políticas generales establecidas que uno tiene que llevar adelante en todas las cárceles de que disponemos”, determinó.

El jerarca detalló que la falta de inversión durante décadas en el sistema carcelario y una política de cárceles que por “mucho tiempo no tenía un rumbo claro” fueron causas por las que no se aseguraban las condiciones mínimas para rehabilitar personas.

“Definimos política de seguridad combinando las políticas policiales con las sociales, siempre en el respeto de los derechos humanos, porque en Uruguay todo preso quedará en libertad y se lo debe rehabilitar para adaptarlo a la integración en la sociedad”, indicó.

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